CONFRONTACION FRATICIDA

Econ. José Sifuentes Zelada [*]

Hace algunos días hemos sido testigos con dolor e indignación de la confrontación fraticida entre miembros de la Policía Nacional y los Nativos de la Selva, conciudadanos nuestros, que provoco la muerte de 34 ciudadanos (24 policías y 10 civiles), por lo que a la luz de los antecedentes y los hechos es necesario reflexionar y razonar en la búsqueda de un entendimiento que estuvo ausente al momento de los hechos, el 05 de Junio.

Nuestro país tiene un población pluricultural y multilingüe, contamos con 14 familias lingüísticas y 44 etnias distintas y en ello radica nuestra riqueza cultural y lingüística y el conocimiento ancestral de nuestros pueblos que ha permitido que la humanidad cuente con dos de los cuatro alimentos mas importantes del mundo como la papa y el maíz, además de un sinnúmero de alimentos y plantas medicinales puestas hoy en valor como medicina alternativa.

Nuestro país ha sido privilegiado por la naturaleza; por su clima, su biodiversidad, su riqueza minero energética y por su valioso capital humano.

“El Perú es uno de los países mas destacados en diversidad biológica y se ubica entre los tres primeros países megadiversos por la superficie de bosque tropicales (4to. a nivel global) que mantiene cautivas unas 15 000 millones de toneladas de carbono; posee una superficie apta para ser reforestada de 10 millones de hectáreas, con la posibilidad de recapturar unos 1 500 millones de toneladas de carbono atmosférico; es el primer país en recursos genéticos de plantas domesticas (182 especies),….” (La Biodiversidad del Perú y su importancia estratégica. - A. Brack Egg. Pág. Web: http://www.amb-perou.fr/).

OLVIDO Y MARGINACION

De acuerdo con el ultimo Censo Nacional de Población y Vivienda la Región de Amazonas cuenta con una población de 375 993 habitantes, de los cuales 166 003 es población urbana y 209 990 es población rural

Bagua es una de las siete (07) provincias de la región Amazonas y limita con la región de Cajamarca y con el Ecuador en la zona de la Cordillera del Cóndor, motivo del conflicto del Cenepa. De acuerdo con el Censo del 2007 tiene una población de 71 757 habitantes, de los cuales 33 559 es población urbana y 38 198 es población rural. La población analfabeta de 15 a mas años de edad llega a 5 097 habitantes (7,10% de su población total), de los cuales 1 454 es población urbana (2,02% de su población) y 3 643 es población rural (5,08% de su población)..
De acuerdo con el informe de cifras de pobreza 2008 del INEI, para la región de la Selva rural el grado de desigualdad del gasto ha aumentado al pasar de 0,292 en el 2004 a 0,309 en el 2008 (Coeficiente de GINI). En la selva urbana pasa de 0,341 en el 2004 a 0,332 que significa una disminución de la desigualdad del gasto para este sector de la población de la Selva. De igual forma la desigualdad del ingreso ha aumentado en región rural de la selva al pasar de 0,365 en el 2004 a 0,418 en el 2008 (Coeficiente de GINI), igual sucede para la población urbana de la selva, que pasa de 0,401 a ,0425. El mejoramiento de los ingresos que se observa en otras regiones del país no se observa en la Selva.

La pobreza en nuestro país en área urbana llega al 23,5% y al 59,8% en el área rural. En la Selva el 40,9% de la población urbana es pobre y el 49,1% de la población rural también es pobre.

Al igual que otras regiones del país, las regiones de la Selva y en especial la región Amazonas, han sido objeto de olvido y marginación, a la fecha Amazonas tiene una pobreza que bordea el 59,7%% de su población, es decir 6 de cada 10 habitantes son pobres.

LA MADRE DEL CORDERO

Con la finalidad de implementar el TLC con EE.UU., el Congreso delego facultades para legislar al Poder Ejecutivo, promulgándose el 27 de Junio de 2008 el DL.1090 “Ley Forestal y de Fauna Silvestre” y posteriormente su modificatoria por el Congreso con la Ley 29317, 13 de Enero de 2009, aprobada por 58 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones. El objeto de esta ley era normar, regular y supervisar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre del país. Sin embargo desde su promulgación fue rechazada por el poblador y las comunidades nativas del la selva, así como por amplios sectores de la población y por diversas organizaciones políticas, civiles y religiosas, en principio por que esta Ley fue elaborada sin la consulta y participación efectiva de la población y de las comunidades nativas de la selva, excluyendo a este sector de la población y a sus Instituciones representativas de su participación en la legislación en temas de su interés, a lo que estaba obligado el gobierno conforme lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, suscrito por el Estado, además conforme al art. 66 de la Constitución Política del país los Recursos Naturales renovables y no renovables son Patrimonio de la Nación y su utilización se establece por Ley Orgánica, la misma que de acuerdo con el articulo 106 “Para su aprobación o modificación se requiere el voto de mas de la mitad del numero legal de miembros del Congreso”, lo que hizo inconstitucional el DL. 1090. Para mayor abundamiento según algunos juristas el gobierno se habría excedido en la delegación de facultades establecido por la Ley 29157 al legislar en materias no vinculadas directamente al TLC con EE.UU.

El DL. 1090 fue el detonante de la protesta nativa, pero no la única razón, pues lo ocurrido mas allá de los agitadores de turno, siempre presentes para ganar protagonismo político sobre todo ahora que se acercan las elecciones 2010-2011, esta la expresión del descontento popular por la marginación y el olvido de las poblaciones y comunidades nativas, quienes no se han visto beneficiados por el crecimiento económico del país de los últimos años, como tampoco lo han sido amplios sectores sociales sobre todo de la sierra rural del país. Recordemos también los enfrentamientos en Bagua entre policías y nativos en Agosto del año pasado 2008 por la derogación de los DL. 1015 y 1073 referidos a la inversión privada en tierras de las Comunidades Campesinas y Nativas, ahora derogadas por la Ley 2440 del 23/08/2008.

Por ello el Pronunciamiento de los Obispos Católicos de la Amazonía, ante el paro de los pueblos amazónicos, expresaba “ No queremos violencia por eso instamos al gobierno y al Congreso muestren intenciones de dialogar y buscar soluciones justas y pacificas a la problemática que viene enfrentado los pueblos amazónicos para no llevarlos a la desesperación que puedan incrementar los conflictos sociales”….”Ante este delicado panorama invocamos al Señor Presidente Constitucional y al Congreso de la Republica la derogatoria de dichos dispositivos legales y contribuyan a la formulación de nuevas normas con la participación de las poblaciones indígenas. Así mismo invocamos a estas poblaciones amazónicas y a sus lideres a unirse para buscar juntos el Bien Común” (05 de Mayo de 2009), pero el dialogo del gobierno fue un dialogo de sordos. Si se hubiese escuchado y aceptado esta invocación, seguramente otro hubiese sido el desenlace de este conflicto.

LA RESPONSABILIDAD POLITICA

Es indudable que los gobiernos anteriores tiene la responsabilidad en el olvido y marginación de la selva, responsabilidad que alcanza al actual gobierno y que se expresa; en la dación de una ley, que como se ha reconocido, ha sido elaborada sin tomar en cuenta la opinión de las poblaciones y comunidades nativas de la selva, en la actitud confrontacional del gobierno al tildar de extremistas a los nativos y dilatar la solución del problema con las consecuencias lamentables y al pretender polarizar el problema entre “buenos” y “malos”, entre defensores de la democracia y agitadores. Existe pues una responsabilidad política del gabinete ministerial, en principio por la aprobación de un DL. inconstitucional y por avalar las acciones seguidas por el ejecutivo con las consecuencias funestas que hoy todos lamentamos, pero que principalmente recaen en el Presidente del Consejo de Ministros Yehude Simon, en la Ministra del Interior Mercedes Cabanillas, en el Ministro del ambiente Antonio Brack, el Ministro de Agricultura Carlos Leyton y la ex-Ministra de la Mujer Carmen Vildoso, que no estuvieron a la altura de sus responsabilidades. Es por ello que la falta de inteligencia política por parte del gobierno para medir las graves consecuencias de una actitud soberbia e ignorante del sentir y de la cosmovisión de nuestros pueblos nativos llevo a las partes a una confrontación fraticida con los resultados que hoy todos lamentamos.

De igual forma el Congreso, en principio al modificar mediante la Ley 29317 (13/01/09) el DL. 1090 que era inconstitucional, tal como lo acordó la Comisión de Constitución recién en el mes de Mayo, luego con su actitud dilatoria y cómplice al negarse a discutir la derogatoria de la Ley 1090, para recién luego de los sucesos derogar el DL. 1090. Ahora el Congreso ha decidido interpelar al Premier Yehude Simon y a la Ministra del Interior Mercedes Cabanillas, que se realizara el 25 de Junio, acción que no disminuye su responsabilidad política en el desarrollo del conflicto.

Pero también hay responsabilidad en ciertas ONGs al difundir noticias “de que la Policía arrojaba al río marañon los cadáveres de los fallecidos en el conflicto con el fin de desaparecerlos o la quema de cuerpos para evitar su identificación” lo que era atribuido a “numerosos testigos oculares”, así como la versión de Organizaciones Indígenas que señalaban que los nativos fallecidos eran “entre 30 y 40” (ver diario la Republica 08/06/2009); versiones inexactas que en nada contribuían a calmar los ánimos en medio del conflicto, lo que indudablemente fue aprovechado por los disociadores de turno para tratar de debilitar el Sistema Democrático y sus Instituciones por un lado y por el otro el aprovechamiento político del conflicto por partidos y políticos sin base ni discurso social representativo del Perú profundo.

Finalmente, la cordura parece haber llegado al gobierno, luego del mensaje al país del presidente García, reconociendo los errores cometidos y la derogación del DL. 1090 los nativos levantaron las medidas de fuerza que venían realizando, en la esperanza de que esta vez sean escuchados y tomados en cuenta, pues “…el país requiere reconciliación y paz por encima de los errores y venganzas” (Mensaje a la Nación del Presidente García el 17/06/2009).

Pero quien repone la vida de la 34 ciudadanos que fallecieron a consecuencia de la confrontación de las últimas semanas. Se ha anunciado de que el Estado “compensara” a las familias de los deudos de los policías caídos, con una compensación económica y una casa, ¿será esto suficiente?, y a los deudos de los civiles fallecidos quien los compensara, no esta acaso obligado el Estado a ayudar a los familiares, mas aun cuando se reconoce los errores cometidos, los padres, esposas e hijos de los fallecidos están esperando o será necesaria una acción legal que obligue al Estado a tal reconocimiento, seguramente después de algunos años y luego de recurrir a los organismos supranacionales a una reparación tardía. La reconciliación sincera y los buenos propósitos deben mostrarse efectivamente a través de hechos concretos.

EMPEZAR DE NUEVO

El modelo de desarrollo y la modernidad que pregona el gobierno, no puede ignorar la cultura, las costumbres y los derechos ancestrales de nuestros pueblos indígenas con los cuales mantenemos un cordón umbilical pues somos expresión de un mestizaje que nos hace peruanos a todos por igual, por lo que la Modernidad civilizada se nutre de la sabiduría de los pueblos, acercándonos a todos a una convivencia pacifica, solidaria, ordenada y respetuosa del bien privado y el bien común. La modernidad implica educación de calidad, gratuita y al alcance de todos, un sistema de salud y seguridad social universal, eficaz y eficiente, salario digno, eliminación del analfabetismo y de la pobreza extrema; aspectos esenciales de los cuales adolecemos. Un Estado moderno promueve la inversión y regula la actividad económica salvaguardando los intereses nacionales para las generaciones presentes y futuras. Los valores tradicionales y los valores modernos no tienen que ser siempre excluyentes.

Finalmente, para volver a empezar y caminar por sendas de paz y desarrollo no es suficiente el cambio o renovación del gabinete ministerial, es necesario cambiar o reformular el modelo de desarrollo y el concepto de modernidad que trae consigo, buscando concertar y contar con la participación de la población, así como de sus organizaciones políticas y sociales sin exclusión.

Lima, 23 de Junio de 2009
([*]) Maestría en Economía, con Mención en Política Económica – Univ. Nacional Mayor de San Marcos